Domingo  21 de diciembre de 2014.

Traducir

Spanish Chinese (Simplified) English French German Greek Italian Japanese Norwegian Portuguese Russian
  • Pescado a la talla
  • Iglesia de Santiago Apóstol en Ometepec
  • Museo de la Bandera en Iguala
  • Monumento a la Bandera en Iguala
  • Santuario en Olinalá
  • Ofrenda de Día de Muertos
  • Con agua y flores, fragmento
  • Mural del Palacio Municipal de Tixtla de Guerrero
  • Entrada Fuerte de Acapulco
  • Mujeres danzantes de Zitlala
  • Zona arqueológica Tehuacalco
  • Monumento a los héroes de la Independencia en Iguala
  • Encomendero
  • Tlacololeros
  • Museo Regional de Guerrero en Chilpancingo
  • Mural en la ciudad de Tixtla
  • Danza de Los Apaches
  • Danza guerrerense
  • Iglesia de Santa Prisca en Taxco
  • Fábrica de hilados en El Ticuí
Previous Next

Adquiera su ejemplar

  • Cartel Enciclopedia
  • Cartel Enciclopedia

Buscar en el contenido

  • image
  • Visita la Feria a La Bandera
  • image
Visitas desde el 24-Feb-2012
1355094
HoyHoy88
AyerAyer934
Esta semanaEsta semana7179
Este mesEste mes35994
TodosTodos1355094
Día más visitado 11-04-2014 : 3295
UNITED STATES
US
Usuarios conectados 18

Diseño Web

Ing. Sandra de Jesús Sánchez

Ing. Fernando Sánchez Garibay

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Revolución Mexicana en Guerrero, La

Antecedentes nacionales.

En 1876 el general oaxaqueño Porfirio Díaz Mori ocasionó en México un golpe de Estado, apoyado por los grupos conservadores del México de ese entonces, con quienes se comprometió a nulificar la Constitución de 1857, que incomodaba a sus intereses, y a prevenir el estallido de un movimiento popular latente por la injusticia agraria que prevalecía en el país. Díaz Mori instaló un gobierno oligárquico dictatorial que duró más de 30 años, conformado en sus inicios por la élite militar del país que desplazó a la burocracia juarista–lerdista.

Posteriormente, en 1880, se inició el ascenso de una nueva generación de políticos, conocida como “los científicos”, que pronto se enriquecieron en la función pública actuando como financieros e intermediarios del capital extranjero. Esta minoría selecta y cortesana del porfirismo se formó en el seno de una cultura elitista, extranjerizante y profundamente avergonzada de todo lo relacionado con la cultura indígena y que intentaba una pretendida modernidad para el país, excluyendo a la mayor parte de los mexicanos.

Era un sector social que vivía en la opulencia y en el exceso, mientras la inmensa mayoría de la población se hallaba en la miseria; sus miembros tenían múltiples propiedades, palacetes de lujo y prósperos negocios no sólo en México, sino en varios países, donde se sentían mejor que en el propio, y procuraban enviar a sus descendientes a estudiar en los mejores colegios o universidades del extranjero. Lo integraba un grupo cupular minoritario que ignoraba, o no le importaba, la realidad social de su país.

El nuevo presidente –si bien tuvo el mérito de conciliar o someter mediante la dádiva o la represión (pan o garrote) a los grupos políticos y militares que por más de medio siglo ensangrentaron al país con luchas inútiles que no lograron la creación de un verdadero sistema político nacional (los ideólogos porfiristas llamaron a esta etapa “el periodo de la anarquía”)– implantó un régimen totalitario, una dictadura personal de corte militarista que reprimió terriblemente a la población.

Con el fin de lograr un control político absoluto en el país, entre 1891 y 1894 el gobierno realizó una serie de reformas a las constituciones de los estados, que redujeron el poder de éstos en los asuntos políticos locales y ampliaron los del Presidente de la República. Como consecuencia, el cargo de presidente municipal perdió su carácter electivo y se convirtió en un funcionario nombrado por el gobernador del estado o por el primer mandatario del país –a través del gobernador–, dependiendo de la importancia del municipio.

Por otro lado, también con fines de control, la estructura política porfirista contaba con un personaje llamado Prefecto Político, designado, en muchos casos a través del gobernante estatal, por el Presidente de la República; éste era un funcionario intermedio entre el gobernador y los municipios del distrito al que se le destinaba; sin embargo, en numerosas ocasiones, el poder de dicho personaje superaba al del mismo gobernador, pues era verdadero cacique de “horca y cuchillo”, que recaudaba impuestos federales y tenía fuerzas rurales bajo su mando.

Durante  la  dictadura,  don  Porfirio  permitió  que  el capital extranjero –$100 000 000.00 en 1880, por $3400 000 000.00 en 1910– tomara el control casi absoluto de la economía nacional, interviniendo mayoritariamente en la instalación y ampliación de la planta industrial y en la organización del sistema bancario, en el desarrollo del transporte (ferrocarriles, puertos) y en el de las comunicaciones (telégrafo, correo), en la explotación minera y en la creación de grandes latifundios, sin intentar algún beneficio que ayudara a salir del atraso al campesinado y a la clase obrera, que constituían la mayor parte de la población de entonces y continuaban en las mismas condiciones socioeconómicas de sus ancestros coloniales.

En vísperas de la Revolución de 1910, la situación social había llegado a límites extremos, tanto de subsistencia como de paciencia y tolerancia. El 96% de la población carecía de tierras u otras propiedades y los miserables salarios no correspondían al verdadero valor de la mano de obra. Los hacendados tenían como sistema de pago a los trabajadores cupones que sólo podían ser cambiados por artículos de consumo elemental en las tiendas de raya, donde los precios eran fijados arbitrariamente por los amos.

En ese entonces (1910), la mayor parte de la superficie de México estaba en manos de 5000 o 6000 individuos, cuando la nación tenía ya 15 millones de habitantes. En el territorio nacional existían latifundios tan grandes que funcionaban casi como países independientes, teniendo sus propias leyes, su propia moneda y, de hecho, su propio gobierno.

En las postrimerías del Siglo XIX, el crecimiento de las haciendas en toda la República se operaba a costa de los terrenos de los pueblos asentados cerca de estas propiedades, cuyos habitantes generalmente pasaban a ser peones acasillados del terrateniente. Con el pretexto de la productividad, los hacendados demandaban a las autoridades las tierras aledañas a las suyas; solicitaban que fueran confiscadas a su favor, con argumentos que nunca eran rebatidos por el gobierno, y éste generalmente accedía a quitárselas a los campesinos, cediéndolas a los latifundistas, que nunca satisfacían sus ambiciones.

En esa época los índices de desarrollo social del país eran deprimentes; por ejemplo, debido a que la educación era privada y elitista, ésta abarcó a sectores muy reducidos de población, dando como resultado un analfabetismo del 90%, lo cual facilitaba la explotación de la clase trabajadora.

Al comenzar el Siglo XX, y en un país con más de 13 millones de habitantes, existían sólo 12 000 escuelas –oficiales y particulares– para la instrucción primaria; la inmensa mayoría de orientación clerical y ubicadas en las ciudades, cuando sólo el 20% de la población era urbana. De hecho, en 1910, apenas el 3% de los niños en edad escolar asistía a la escuela primaria. De las pocas escuelas oficiales del medio rural, la mayoría operaba dentro de las haciendas, con todo lo que esto implicaba (por ejemplo, los capataces prohibían a los maestros enseñar aritmética y cualquier contenido que se refiriera a los derechos civiles de la población).

También era una época sin servicios de sanidad pública, pues no existían clínicas o centros de salud, y sólo en las ciudades importantes había hospitales de beneficencia que, por el mismo atraso de la medicina, funcionaban más como albergues para enfermos y viajeros que como hospitales. En las áreas rurales, que era donde vivía la mayoría de la población, la gente moría en el desamparo sanitario, hecho que provocaba que la expectativa de vida de quien nacía entonces fuera de 25 a 27 años.

Padecimientos transmisibles –como la viruela, el tifo, el paludismo, las disenterías, el tétanos y aquellas enfermedades propias de la infancia como la tosferina, la difteria y el sarampión– hacían estragos entre la gente, con brotes epidémicos cíclicos que afectaban sobre todo a los más pobres. Asimismo, la desnutrición imperaba entre la inmensa mayoría de los mexicanos.

Por otro lado, al comenzar el Siglo XX el desarrollo económico perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó en forma acelerada; las materias primas de origen agrícola aumentaron de precio; el consumo interno decayó. Obviamente, el mayor peso de esta crisis se descargaba sobre los trabajadores: desempleo creciente, aumento en los precios de los artículos de consumo y disminución del salario. Entre 1876 y 1910, el salario real disminuyó de $0.35 a $0.15 diarios, que equivalía a una reducción del 57%.