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Ing. Sandra de Jesús Sánchez

Ing. Fernando Sánchez Garibay

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Aguas Blancas, Masacre de

Versión del Gobierno del estado de Guerrero.

“Según informes y declaraciones emitidas por el licenciado Rubén Figueroa Alcocer, gobernador del estado de Guerrero, éste tuvo conocimiento, con anterioridad a los hechos, que la OCSS llevaría a cabo un mitin en Atoyac, durante el cual se pretendería tomar las instalaciones del ayuntamiento. A fin de evitar dicho acto decidió tomar las providencias necesarias; para el efecto se comunicó vía telefónica con la presidenta municipal María de la Luz Núñez Ramos, solicitándole que dialogara con los campesinos del municipio de Atoyac de Álvarez, y que él (el gobernador) haría lo propio con los campesinos de Tepetixtla.

“Señaló el licenciado Figueroa Alcocer que para instrumentar el acuerdo anterior se comunicó con el director general de Gobernación, el primer subprocurador de Justicia y el director general Operativo de Seguridad Pública y Tránsito, todos del estado de Guerrero, instruyéndolos para que cuando lleguen (al punto en el que se instale el operativo) Marino o Benigno (líderes de la OCSS) hablen con ellos si ellos quieren va él (el gobernador), pero que ya no quiere tener más problemas.

“Por su parte, el secretario general de Gobierno, el procurador general de Justicia del estado, el subsecretario de Protección y Tránsito y el director general de Gobernación señalaron que a las 8:00 horas del 28 de junio de 1995 la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del estado (Policía Motorizada), al mando del director general de ese cuerpo policiaco, instaló un operativo de despistolización, antisecuestros y prevención del delito en el lugar conocido como El Vado, en el que participaron 30 elementos de la corporación, funcionarios de Gobernación del estado y el primer subprocurador general de Justicia del estado de Guerrero.

“Desde el momento en que se instaló el operativo se revisaron dos o tres vehículos y aproximadamente a las 10:30 horas llegó un camión torton rojo con alrededor de 70 personas integrantes de la OCSS quienes llevaban machetes, palos y varillas; por este motivo, los elementos de la Policía Motorizada lo detuvieron para efectuar la revisión correspondiente.

“Enseguida arribó una camioneta azul de redilas con 60 personas, a las que también le marcaron el alto y cuando los campesinos con machete en mano saltaron de la unidad y agredieron a un policía inmediatamente después se escucharon disparos que provenían de la camioneta de redilas, que estaba cubierta con una lona, por lo que la policía repelió la agresión de que fueron objeto, dejando como resultado el enfrentamiento 17 campesinos que fallecieron y 19 personas heridas, entre las que se encontraban dos policías motorizados.

“De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de Acapulco, quien realizó las primeras diligencias, mismas que originaron la averiguación previa TAB/I/3802/95, la cual fue consignada al Juzgado Tercero Penal de Acapulco.

“Como resultado se ejerció acción penal contra diez miembros de la Policía Motorizada como presuntos responsables de los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad, radicándose la causa penal 82–2/995”.

Versión de los campesinos y quejosos.

“Según declaraciones de 36 testigos presenciales pertenecientes al grupo campesino, a las 5:00 horas del 28 de junio salieron cinco vehículos con integrantes de la OCSS, procedentes de los poblados de Tepetixtla y Atoyaquillo con dirección al municipio de Atoyac de Álvarez para realizar una manifestación por la desaparición del compañero e integrante de la organización Gilberto Romero Vázquez y para solicitar el cumplimiento de los diversos compromisos que el Gobierno del estado había adquirido con dicha organización el 18 de mayo de 1995. Uno de los vehículos, la camioneta azul, se detuvo aproximadamente dos horas en la población de Atoyaquillo, a fin de que se llenara de pasaje, lugar en donde fue rebasada por el otro camión procedente de Tepetixtla.

“Aproximadamente a las 10:30 horas llegó el camión torton rojo al lugar conocido como El Vado, del río Las Hamacas, vehículo al que elementos de la Policía Motorizada le indicaron que se detuviera, señalando a sus ocupantes que descendieran para efectuar una revisión y que dejaran las armas que portaban.

“Inmediatamente después arribó la camioneta de redilas con aproximadamente 60 personas a bordo; algunos campesinos refirieron que dos pasajeros de la camioneta descendieron portando su machete agrediendo con dichas armas a los comandantes Lorenzo Roque Cortez y Dustano Vargas Hernández, ambos integrantes de la Policía Motorizada, lo cual originó que los elementos policiacos reaccionaran disparando indiscriminadamente contra quienes se transportaban en dicho vehículo; el resto de los testigos entrevistados por personal de la CNDH refirieron que no se percataron de las causas del tiroteo, debido a que viajaban en la parte cubierta de la camioneta.

“Agregaron que las personas que no resultaron lesionadas las tiraban al piso, golpeándolas en la cabeza para que no miraran hacia arriba; algunos campesinos indicaron que a varios malheridos les dieron el ‘tiro de gracia’. Algunos testigos señalaron que el motivo de que los policías dispararan en su contra fue el hecho de que en dicho vehículo viajaban agentes provocadores, quienes realizaron disparos al aire para luego correr con rumbo a la sierra.

“Para algunas organizaciones quejosas se había tratado de una emboscada”.

Después de los hechos.

A partir del propio 28 de junio de 1995 y hasta el periodo en que se elaboraron estos párrafos (abril–mayo de 2002) se generó un torbellino de información. Los medios, en especial la prensa escrita, no sólo dieron cuenta de los hechos, sino que han realizado desde entonces un seguimiento puntual de su evolución.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, realizó un exhaustivo y eficaz trabajo de investigación que mereció el reconocimiento de la opinión pública; el 14 de agosto de 1995 emitió, en 360 páginas, la recomendación 104/95, de singular trascendencia; en este documento se pide al gobernador la aplicación de sanciones a diversos funcionarios, el nombramiento de un nuevo fiscal especial, la indemnización de los deudos, la prestación adecuada y oportuna de servicios médicos a los lesionados, la reestructuración de los cuerpos policiacos y la puesta en marcha de programas para el mejoramiento multilateral de los municipios de Coyuca de Benítez y de Atoyac de Álvarez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud expresa del secretario de Gobernación –quien manifestó actuar por acuerdo del presidente de la República– aceptó el 5 de marzo de 1996 investigar los hechos y elaborar un informe y el dictamen respectivo; comisionó a dos ministros, y ellos, a fines de abril de ese año, entregaron los resultados; de acuerdo con éstos, en El Vado de Aguas Blancas sí hubo violación grave a las garantías individuales el 28 de junio de 1995; además, se especifica quiénes son los responsables.

Sin duda un elemento clave por la conmoción que produjo tanto fuera como dentro del país lo constituyó la transmisión del video sin cortes filmado en el momento mismo de la masacre; el 24 de febrero de 1996 el periodista Ricardo Rocha, en el programa Detrás de la Noticia, presentó la cinta cuya duración rebasa los 16 minutos, previa proyección del que oficialmente dio a conocer el Gobierno del estado el día de la tragedia; las tomas de este último apenas cubrían dos minutos y veintinueve segundos.

En fechas cercanas al periodo en que se escribieron estas líneas todavía el caso de Aguas Blancas ocupó columnas de primera plana; sólo un ejemplo: el 17 de abril de 2002 el semanario Vórtice, que se edita en Chilpancingo, y el diario acapulqueño El Sur, dedicaron amplios espacios al tema; para el primero, además, la información mereció la nota principal del día.

El 1 de julio de 1995 fueron consignados 10 policías, dentro de la causa penal 82–2/995. El 9 de enero de 1996 se consignó a 18 más, a dos comandantes, al director operativo de la Policía y a tres funcionarios de alto nivel: el primer subprocurador, el director general de Gobernación y el delegado regional de Gobernación. El 7 de febrero de 1996 la consignación alcanzó a otros funcionarios, así como a peritos y agentes confidenciales. En total la acción penal se ejerció en contra de 53 personas.

El 12 de marzo de 1996, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer renunció al cargo de gobernador del estado de Guerrero. El Congreso local nombró en su lugar al licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero.

El que fuera primer subprocurador abandonó la cárcel luego de revocarse el auto de formal prisión, el 15 de abril de 1999. Pocos días después (el 3 de mayo de 1999), por igual motivo salió el que había sido delegado regional de Gobernación. Finalmente, el 24 de agosto de 2001, el exdirector operativo de Seguridad Pública obtuvo su libertad por resolución de amparo.

Hasta mayo de 2002 permanecían en la cárcel 14 personas, de 32 que ingresaron; de ésas 14, 13 son expolicías; la otra fue director general de Gobernación del estado. Uno de los expolicías se hallaba recluido en el Cereso de Chilpancingo; los demás, incluido el exfuncionario, en el de Acapulco.

Comentario. Los acontecimientos trágicos del 28 de junio de 1995 en El Vado de Aguas Blancas si bien “constituyen un suceso lamentable para la sociedad guerrerense”, son también una posibilidad abierta y permanente a la reflexión, a la necesidad imperiosa de pensar lo que hemos hecho en el afán de construir juntos, en democracia, una comunidad auténtica.

Las explicables y justificadas diferencias a que conducen la vida cotidiana debieran resolverse siempre en el marco de relaciones políticas civilizadas y de la creación y operación de instituciones que favorezcan el diálogo y propicien el bienestar de la población.

Hoy, en 2010, como hace cinco años, cuando se publicó la primera edición de esta obra, no está demás reiterar las preguntas: ¿Qué aprendimos como lección de vida de lo ocurrido en El Vado de Aguas Blancas? ¿Cómo hemos aprovechado los guerrerenses esa dolorosa experiencia, a fin de hacer de nuestro estado un espacio donde la vida de los seres humanos sea siempre el valor fundamental y cada acción se encamine a preservarla y fortalecerla?

Posición final de los cadáveres en el lugar de los hechos.

 

  1. Daniel López Castañeda
  2. Efraín Vargas Sabayo
  3. Pasito Hernández González
  4. Fabián Gallardo Pastrana
  5. Anacleto Ahuehueteco Coyote
  6. Amado Sánchez Gil
  7. Tomás Porfirio Rondín
  8. Victorio Flores Balanzar
  9. José Rebolledo Gallardo
10. Clímaco Martínez Reza
11. Francisco Rogel Gervasio
12. Francisco Blanco Nava
13. Simplicio Martínez Reza
14. Mario Pineda Infante

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 104/95, págs. 116 y 117.

Nota: en el Hospital General de Acapulco fallecieron Florente Rafael Ventura, Gregorio Analco Tabares y Heleodoro Refugio Vargas.

(CCL)