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Olea y Leyva, Teófilo

Jurista. Nació en la hacienda de San Salvador, Miacatlán, Morelos, el 8 de enero de 1895; murió en septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Hijo de don Urbano Olea y doña María de Jesús Leyva, ambos guerrerenses, quienes, después de haber nacido Teófilo, regresaron a Chilpancingo, de donde era originaria su señora madre; su señor padre nació en la hacienda La Imagen, al sur de Chilpancingo.


Teófilo Olea y Leyva (Foto: Ministros 1917–2004. Semblanzas)

Sus estudios primarios y de secundaria los cursó en Chilpancingo, de 1903 a 1910. En este último año, inició sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Posteriormente, estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, junto a otros célebres personajes de la famosa generación de 1915, año en que inició sus estudios profesionales en virtud de que, en aquel entonces, la preparatoria se cursaba en cinco años. Con Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Jesús Moreno Baca, Alberto Vásquez del Mercado y Antonio Castro Leal, formaron un grupo de estudiantes a los que caracterizó su amor al estudio y, por ello, sus compañeros le pusieron el mote de los Siete Sabios de México. Al respecto, Lombardo Toledano escribió que el grupo se formó porque a todos poseía “una fiebre de conocimientos”. De Olea y Leyva dijo Alfonso Caso que “era el más bondadoso, esforzado y tolerante”.

El 21 de agosto de 1919, obtuvo el título profesional de abogado en la referida escuela, y poco después se doctoró en Filosofía en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional. En el mismo año, fue nombrado subsecretario de Gobierno del estado de Guerrero, cargo al que renunció al resultar electo diputado local por el distrito de Bravos. La actuación más relevante de Olea y Leyva como diputado tuvo lugar los días 19, 20 y 26 de abril de 1920. En dichas sesiones se trató únicamente sobre la discusión y aprobación de un decreto, cuyo proyecto fue firmado por Olea y Leyva y Salvador Sánchez Castro; de acuerdo con el texto, el Congreso guerrerense declaraba que asumía su soberanía y manifestaba su plena solidaridad con el Congreso sonorense que había repudiado las agresiones del Gobierno federal al enviar tropas al estado de Sonora, sin que ninguno de los tres poderes las hubieran solicitado, sólo con el propósito de amedrentar al Gobierno y pueblo de Sonora que se habían declarado partidarios de la candidatura de Álvaro Obregón a la Presidencia de la República.

Como se sabe, el presidente Carranza apoyaba abiertamente la candidatura de Ignacio Bonillas y hacía todo lo posible por someter a los gobiernos estatales con el fin de obligarlos a respaldar dicha candidatura. El defensor más elocuente y apasionado del proyecto de decreto fue Olea y Leyva, quien logró vencer las reticencias de algunos diputados que se oponían con el argumento de que temían por sus vidas si se aprobaba, lo cual, además, enfrentaría al Congreso guerrerense con el Gobierno federal. El gobernador en turno, Francisco Figueroa Mata, acudió al recinto legislativo y manifestó su total simpatía y apoyo al proyecto de decreto, así como el licenciado Rodolfo Neri Lacunza, quien también compareció en representación del Tribunal Superior de Justicia del estado en la histórica sesión del 20 de abril. Las pocas dudas que quedaban se disiparon cuando Olea y Leyva dijo que en el estado de Zacatecas había ocurrido lo mismo que en Sonora y que el envío unilateral de tropas a dichos estados vulneraba su soberanía. Con voz vibrante, aquel legislador de 25 años dijo: “Si se nos corta la cabeza que sea siquiera en defensa de los ideales, obrando con virilidad; en una palabra, que no nos importen las consecuencias, porque la muerte entonces será gloriosa, de lo contrario, la vida sin gestos de protesta será indigna”.

Y finalizó su emotiva intervención diciendo: “Las grandes causas en la vida se alcanzan con grandes sacrificios, y aunque la vida es importante, es más importante la vida de la patria”. El proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad. Obregón se encontraba en Chilpancingo, y tras un mitin que tuvo lugar frente al Palacio de Gobierno, donde el licenciado Eduardo Neri lo presentó al pueblo de Guerrero, marchó a Iguala donde se le unieron centenares de partidarios; penetró en Morelos, donde la tropa se hizo más numerosa, y llegó triunfalmente a México, poco después de que Carranza abandonara la ciudad en una dramática huída que concluyó trágicamente en Tlaxcalantongo.

Olea y Leyva, al terminar su encargo electoral, instaló su bufete en la Ciudad de México y se dedicó, simultáneamente, a la cátedra, habiendo sido maestro de Lógica y Ética en la Escuela de Altos Estudios; Derecho Penal y Procedimientos, en la Escuela Libre de Derecho; Derecho Público General, Nociones de Derecho Constitucional Mexicano y Legislación Social, en la Universidad Popular.

En 1924, se le nombró vocal de la Junta de Vigilancia de Cárceles, adscrita al Departamento de Gobernación del Distrito Federal, y en junio del mismo año, asumió el cargo de asesor militar de la Jefatura de la Guarnición de la Plaza de México. Así ingresó al ejército con el grado de general brigadier. Su eficaz desempeño en este cargo determinó que se le nombrara magistrado del Supremo Tribunal Militar, con el grado de general de brigada, donde estuvo hasta 1930. A partir de ese año, se dedicó exclusivamente al estudio del derecho y al ejercicio de su profesión de abogado. Por esa época sostuvo una intensa relación epistolar con los más destacados juristas españoles, italianos, franceses, uruguayos y argentinos, tales como Mauro Cappelleti, Eduardo J. Couture y Piero Calamandrei, quien vino a México invitado por Olea y Leyva a impartir un ciclo de conferencias que duró un mes, en 1954.

El presidente Manuel Ávila Camacho, el 1 de enero de 1941, lo nombró ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó hasta su muerte, acaecida en la Ciudad de México en septiembre de 1956. En la Corte, donde se le nombró a pesar de ser considerado “hombre de la oposición”, Olea y Leyva se caracterizó por ser un apasionado defensor de la justicia; dio muestras de su vasta sabiduría jurídica que, aunada a su bondad, lo convirtieron en el prototipo del ministro ecuánime, valiente para sostener sus opiniones con absoluta independencia del poder Ejecutivo; sereno y prudente, a la par que resuelto y enérgico.

A su pertinaz iniciativa se debió que en el vestíbulo del edificio de la corte se levantara la estatua de Manuel Crescencio Rejón, junto a las de Ignacio L. Vallarta y Mariano Otero. Desde su elevado sitial de ministro, Olea y Leyva hizo señaladas aportaciones al derecho mexicano; por ejemplo, propuso que las elecciones, tanto locales como federales, fueran organizadas y calificadas por un órgano autónomo, independiente de los tres poderes, lo que se logró más de cincuenta años después con la creación del Instituto Federal Electoral. En su famoso discurso pronunciado al ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, hizo un planteamiento que sigue siendo válido: la decisión de no ejercer la acción penal, o desistirse de la misma, no debe estar a cargo del Ministerio Público, pues éste no tiene, según el artículo 21 constitucional, la facultad de perseguir delitos y menos desistirse de la acción cuando el asunto está en manos del juez, pues invade de este modo la función judicial, dejando desamparada a la víctima en tanto que la priva de la reparación del daño que, además, tiene el carácter de pena pública.

En consecuencia, Olea y Leyva propuso que se creara un órgano de control externo, libre e independiente, que opine y resuelva sobre la procedencia o abandono de la acción penal. Es lo que debe hacerse, pero mientras el Ministerio Público dependa de los Ejecutivos locales o del federal, es difícil que ocurra.

Se hizo acreedor a las distinciones siguientes: diploma conferido por el presidente Venustiano Carranza por las altas calificaciones que obtuvo en el curso 1917 en la Escuela de Altos Estudios; diploma de la Universidad Popular Mexicana, de fecha 24 de octubre de 1919, como agradecimiento por sus servicios docentes; diploma de fecha 26 de junio de 1920, otorgado por la Universidad Nacional de México, en atención a que prestó gratuitamente sus servicios como maestro; diploma de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como académico de número, electo en la sesión del 2 de febrero de 1943; mención honorífica otorgada por su ponencia presentada en el Congreso Penitenciario el 26 de octubre de 1952; diploma otorgado por la Universidad de Morelos, de fecha 2 de mayo de 1953, como doctor honoris causa en Derecho; y diploma otorgado el 19 de agosto de 1955 por la Academia Nacional de Jurisprudencia, como socio honorario constituyente.

En el curso de su fecunda vida escribió muchos artículos y ensayos publicados en revistas especializadas y en periódicos nacionales, destacando sus artículos publicados en el diario El Universal. Además, publicó los siguientes libros: La socialización en el derecho: Ensayo de una teoría general de las funciones (1933); El resarcimiento del daño a las víctimas del delito, con la coautoría de José María Ortiz Tirado (editorial JUS. 1961); Delitos y crímenes de guerra: ensayo de una teoría sobre la guerra y la paz (1958).

Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; socio patrono de la Sociedad de Estudios e Investigaciones, fundada por Antonio Caso; miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y socio fundador de la Barra Mexicana de Abogados.

(JPLC)